En seguimiento del espíritu de Dios que obra a
través de las(os) artesanas(os) de paz y frente a la aprobación de la Ley de
Seguridad Interior en México -que legalizaría
la intervención de los militares en tareas que corresponden a autoridades
civiles- nuestra Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación – que busca encarnar el amor de Dios ante todo
sistema de violencia y opresión- se suma a la sociedad civil organizada que
exige garantizar la seguridad ciudadana desde la protección de Derechos Humanos
de todas y todos.
Comunicado de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Texto original)
Desde
las organizaciones civiles, sabemos la preocupación de la ciudadanía ante la grave
situación de seguridad que enfrenta el país, así como la laguna legal del
actuar del Ejército. Urgimos que se adopten medidas apegadas a la Constitución
que garanticen la seguridad ciudadana de todas y todos los mexicanos, ya que
diariamente atendemos graves violaciones a derechos humanos como consecuencia
directa de esta inseguridad.
Sin
embargo, tenemos la convicción que la Ley de Seguridad Interior no es la
respuesta para esta problemática. Las tareas de seguridad deben estar a cargo
de las policías municipales y estatales, pues su preparación fue diseñada para
atender y cuidar a las necesidades de la ciudadanía. Si bien, en ocasiones su
actuar no ha resultado óptimo, es necesario continuar fortaleciéndoles para
que, con los más altos estándares en derechos humanos, puedan realizar
correctamente su labor.
Asegurar
la permanencia del Ejército en las calles, amenaza el progreso que se ha venido
realizando en materia de seguridad ciudadana y en protección de derechos
humanos, ya que con esta Ley de Seguridad Interior se entregaría el control de
nuestra seguridad como ciudadanos/as a una Institución cuya función y
preparación está enfocada a la defensa de amenazas externas al país. Por su
parte, la Constitución de México en su artículo 129, establece que las Fuerzas
Armadas no podrán ser desplegadas en el interior de la República en un periodo
de paz.
Por
otro lado, tras una década de la salida de los militares a las calles, desde
las organizaciones firmantes hemos podido observar las graves consecuencias que
se tiene en materia de derechos humanos; en donde generalmente son las personas
migrantes las primeras criminalizarlas por el Ejército y las Fuerzas Armadas.
La participación del Ejército en las calles ocasionó un aumento y
recrudecimiento de la violencia. Pues no olvidemos la ejecución extrajudicial
por Ejército y Marina de Gustavo Acosta[1], la pareja Rocío y Juan Carlos[2], los
estudiantes Jorge y Javier[3], y el médico Jorge Otilio Cantú[4]
quienes fueron acusados falsamente de ser criminales y cuyos perpetradores
continúan sin recibir castigo. No olvidemos a José Márquez Compeán[5] que
fue desaparecido y ejecutado por la Marina, a René Jasso y Víctor Llano[6]
quienes fueron víctimas de desaparición forzada por parte de la Marina. Todos
ellos son algunas de las múltiples víctimas de la militarización en Nuevo León
y en otros estados del país, emprendida en 2006 y que busca formalizarse hoy en
día.
Debido
a esto, y a las múltiples inquietudes que compartimos y que han manifestado
organismos como la El Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Washington Office
for Latin America, Artículo 19, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así
como organizaciones nacionales, urgimos al gobierno mexicano a cumplir con la
Constitución Mexicana y los tratados internacionales de los que forma parte.
Aprobar
la Ley de Seguridad Interior pone en grave riesgo el avance y progreso que se
ha tenido en materia de derechos humanos. Es urgente que el Estado asuma su
responsabilidad y compromiso para atender la inseguridad y violencia desde una
lógica de seguridad ciudadana, donde se fortalezcan las policías que rindan
cuentas, ya que como hemos visto, la militarización y la normalización de la
violencia no son la respuesta.
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