Una de las organizaciones que ha trabajado muy de cerca con la ONU en
la visibilización de la esclavitud moderna es el Índice de Esclavitud Global
(GSI, por sus siglas en inglés), que hace investigaciones por países y
regiones, analizando el trabajo que ha hecho cada gobierno y la iniciativa
privada para identificar la trata de personas, también, a partir de entrevistas
y análisis económicos y de políticas públicas, propone recomendaciones para
luchar contra un problema que, en México, el GSI calcula que afecta a casi 400
mil personas, lo que representa alrededor del 0.3% de la población nacional.
México es el primer país de América Latina
con mayor número de personas en situación de esclavitud, y es un lugar que ha
mantenido los últimos cuatro años, a pesar del progreso que el mismo GSI ha
reportado respecto a las políticas públicas que desde el gobierno se han
implementado, como el Programa
Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos,
promulgada en 2014.
Hablar, hoy, de “esclavitud moderna” no se
limita a la trata de personas con fines sexuales, aunque en el país existen
casos particularmente alarmantes (como el caso de la ciudad de Tenancingo,
Tlaxcala, conocida como la “capital del tráfico sexual del mundo”), o al
secuestro de cientos de migrantes que son forzados a trabajar para cárteles en
la siembra y producción de droga o el sicariato;
también hay formas más “tradicionales” de esclavitud, o que, más bien, cuadran
más claramente con lo que históricamente hemos pensado como tal: el trabajo
agrícola que no puede realizarse con maquinaria automatizada, como la
cosecha de pepino, fresa, chile, berenjena y jitomate en los estados de
Sinaloa y Baja California, y la minería de carbón y otros minerales.
Aún cuando han habido casos que llegan a las
noticias y se viralizan, como el rescate de 49 personas, entre ellas niños, que
trabajaban en condiciones infrahumanas en campos de pepino en Sinaloa, la
esclavitud moderna es un problema que pasa casi desapercibido para la mayoría
de la población. Sin embargo, eso no ocurre para la economía, pues se calcula
que alrededor del 20% del Producto Interno Bruto podría provenir de actividades
que, por lo menos en parte, tuvieron relación con el trabajo forzado.
Además de generar estadísticas sobre la
esclavitud moderna, el GSI también alerta sobre la “vulnerabilidad a la
esclavitud”, es decir: las condiciones sociales, económicas y políticas de
precariedad que podrían convertir a las personas en víctimas del trabajo
esclavo. Según la organización, casi la mitad de la población mexicana es
vulnerable a ello: la informalidad laboral, la ausencia de políticas públicas
por parte del Estado para frenar e impedir el crecimiento de estas estadísticas
y, en algunas de las zonas más golpeadas por los conflictos armados, la
condición migrante (de exilio y desplazamiento) de buena parte de la población
las hace blancos ideales para su explotación.
Si bien México no es el primero en esclavitud
en América Latina en relación proporcional (el lugar se lo lleva Haití con el
1% de su población), sí resulta alarmante que estas condiciones sigan
ocurriendo sin freno alguno por parte de las autoridades.
Cabe mencionar que este Informe fue publicado
como parte del día Internacional para Abolir la Esclavitud, 2 de diciembre, decretado
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Como muchas fechas
acordadas por las Naciones Unidas, ésta busca crear consciencia del trabajo que
internacionalmente se ha realizado para eliminar el trabajo forzado y no
remunerado, y, al mismo tiempo, hacer evidente todo lo que falta para que esto
ocurra. (Reporte original de Plumas Atómicas).
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