Permisividad social sobre la trata de personas

Una víctima exige involucrar a las familias en la lucha contra la trata, que se aprovecha de niñas, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad. Desde el 2014 aumentó el número de procesados por este delito, pero aún falta sumar a más actores para cerrarle las puertas a este delito.

Sabía que la iban a matar, que planeaban desfigurarla y desaparecerla en algún yermo, como a las otras chicas rebeldes. O simular que se cayó de la azotea, para luego dejarla en estado vegetativo y que muriera sola, indocumentada, a cientos de kilómetros de su familia. Sintió miedo. Entonces, escapó.
En el night club piurano La Noche, donde durante tres años la obligaron a bailar, a acostarse con los parroquianos los siete días; donde comía y dormía; donde las ventanas tenían barrotes, le decían la Atrevida.
Donde la norma es callar, ella sembraba dudas entre las chicas. Preguntaba: “Si algún día este lugar se cierra, ¿qué harías por tu vida?”. El “no sé” era la respuesta más popular de esas mujeres que habían sido sacadas de sus pueblos con mentiras cuando eran niñas.

Jhinna tenía 24 años y vivía en Tarapoto; ya no había dinero en casa y buscaba desesperada un empleo cuando la captaron. Le dijeron que trabajaría en una empresa de anfitrionas en Piura, pero cuando llegó, Carlos Chávez Montenegro le dijo: “Vas a trabajar de acompañante”. Quiso rechazar la oferta, pero el traficante ya tenía prefabricada otra frase: “Me debes el pasaje”. Le retuvo el DNI. La convirtió en “otra esclava ”.

Algunos funcionarios del Estado “eran los primeros en ‘probar’ a las nuevas. Nosotras éramos el pago”. A ella la vendieron al doble del precio porque no tenía “enfermedades”. Fue cuando se embarazó de su hija mayor.

En la página www.recompensas.pe se ofrecen 20,000 soles por dar información sobre Chávez. Le esperan 25 años de prisión. Jhinna vive entre sobresaltos, se cuida. Tiene sus razones: “Chávez es un reo contumaz con tentáculos muy fuertes”.

Ella no abjura de su pasado. Hace el esfuerzo de contar su historia “para que otras niñas y mujeres no la repitan”. Por eso se planta frente a los agentes de justicia –policías, jueces, fiscales–, para sensibilizarlos y para que no miren a las víctimas como si fueran bichos raros, culpables de su situación.

“Hemos capacitado y creado conciencia en los fiscales para que aborden el tema no solo con una mirada jurídica y sancionadora, sino con una visión humana, con respeto a la víctima”, dice la fiscal coordinadora de la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos (Ucavit), Rosario López Wong.

Salvaguardar sus vidas, tratarlas bajo medidas de protección, reservar y ocultar sus identidades son precauciones ante las redes criminales. 

Jhinna es una heroína a la que no le han erigido un monumento. Puso en riesgo su vida para hacer la primera denuncia sobre un caso de trata de personas en el Perú. La justicia, entonces (2009), estaba en pañales al respecto. “Era débil”. Cinco años después recién salió la sentencia. 

–Ya soy una mujer tranquila porque he podido gritar lo que muchas mujeres, adolescentes y niñas esclavizadas no pueden hacer. Se ha hecho justicia en nombre de todas ellas, intimidadas por la falta de educación y de autoestima.

Cambios lentos. Hace 11 años la legislación peruana incorporó a la trata de personas como un delito penal. Aun así, para los agentes del Estado era muy difícil comprender el papel de cada persona en esta red y preferían condenar por proxenetismo o rufianismo, penas mínimas, de 4 a 6 años.

El giro se dio a partir del 2014, con la Ley N° 30251, que perfecciona la tipología penal y permite involucrar a todos los que cometen delito: desde el que capta, pasando por el que cuida y administra el establecimiento, el dueño y los clientes del sexo o de la mano de obra barata.

Lo que complica los casos es que las víctimas no se reconocen como tales. Por eso la Ley N° 30251 resta valor al supuesto consentimiento de la víctima menor de edad.

Albergues. Hoy se cuenta con tres lugares especializados en los que se alberga a víctimas de trata y la Fiscalía ha instalado en todo el país 33 salas de acogida como espacios transitorios para las víctimas.

Un tercio de ellas son niñas y adolescentes; otro tercio tienen entre 18 y 25 años. Son las más desconfiadas para colaborar. Por eso se trabaja en la formalización del proyecto para crear un fondo económico, mediante el cual el Estado se encargará de las necesidades básicas de ellas por unos tres meses.

Lo dicen al unísono: “La viga transversal es la situación de vulnerabilidad”. Es el caldo de cultivo perfecto que buscan captores y tratantes: menores de edad violentadas, bolsones de pobreza, mujeres embarazadas, migrantes. Así, de las 97 víctimas que ingresaron entre enero y agosto en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, 48 son venezolanas. 

Para Jhinna, esta lucha debe involucrar a las familias, en las que se tiene que se hablar de la vulnerabilidad. 

Padrinazgos. Lo cultural lo aprovecha la red. “Hay mucha permisividad social sobre la trata”, lamenta López Wong.  Por ejemplo, la mendicidad de niños provincianos que se multiplican en Navidad, menores traídos muchas veces por sus captores desde Huancavelica para tal fin.

Otra figura vigente en Lima y otras ciudades es la de los “padrinos y madrinas”, supuestos buenos samaritanos que se acercan a hogares muy pobres, a los que les ofrecen una mejor calidad de vida para sus hijos si se los entregan, pero después los incomunican y vulneran todos sus derechos. Son los niños, niñas, adolescentes que se dedican a criar a otros niños, que hacen trabajo doméstico. Muchos son violados. “Al menos tienen un techo y comida”, justifican los propios jueces, la defensa técnica y los ciudadanos.

Responsabilidades. Al binomio Policía-Fiscalía se le deben sumar otras entidades: la Sunafil, para la fiscalización laboral; el Mimp, si hay menores pendientes de tutoría; el Mintra, para ofrecer oportunidades laborales en zonas donde muchos adolescentes y jóvenes son captados (Cusco es la región principal). Los gobiernos locales deben anular las licencias de funcionamiento de prostíbulos y locales de fachada en los que se explota a mujeres. Si bien se han generado mesas regionales contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, aún varias regiones son indiferentes al tema.

¿En qué otro aspecto se falla? Para la fiscal superior, las empresas cerveceras deberían tener “una verdadera responsabilidad social” y no proveer mercadería a locales donde se explota a niñas y mujeres. Ya expusieron este tema ante la Sociedad Nacional de Industrias y la Confiep. También los diarios deberían preocuparse por los que manejan las ofertas de trabajo. 

Datos

• 2,372 usuarios por delito de trata de personas fueron derivados a UCAVIT entre el 2015 y 2018.
• 934 Son los casos de trata de personas con fines de explotación sexual.
• 1,935 El 80.19% de las víctimas son mujeres. El 65% tienen entre 0 y 17 años.
• 1818 Es la línea gratuita nacional en la que se puede denunciar anónimamente casos de trata.
• 80 mil viven en esclavitud en el Perú, dice Índice Global de Esclavitud 2018.

Escribe: José Vadillo Villa

Publicado en el Diario Oficial El Peruano