La REPAM ha pedido a la CIDH elaborar un informe sobre situación del derecho al territorio de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas.La petición fue hecha después de que los pueblos amazónicos de Perú, Brasil y Ecuador relataron la violación de su derecho al territorio en la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada este viernes 17 de marzo en Washington.
La Red Eclesial Panamazónica (REPAM) de la lglesia católica, ante la vulneración del derecho al territorio de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas en América del sur ha propuesto a la CIDH que evalúe la posibilidad, a través de la Relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas, de elaborar y publicar un Informe temático sobre la situación del derecho al territorio de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas. Consideramos que dicho documento sería una herramienta jurídica muy útil para la promoción y defensa, a nivel nacional e internacional, de las comunidades indígenas y no indígenas de la Amazonía.
La Iglesia católica liderada por los representantes de los pueblos indígenas y monseñor Pedro Barreto Jimeno, vocero del CELAM, ha dado cuenta de los graves impactos que el extractivismo y otras actividades legales e ilegales en la Amazonía, han tenido y tienen en perjuicio no sólo del ambiente y los recursos naturales, sino también de los derechos humanos de las poblaciones locales, indígenas y no indígenas, en especial, su derecho al territorio. Llamando a una reflexión a las autoridades sobre la necesidad de buscar y encontrar nuevos caminos para tratar de armonizar el respeto de los derechos humanos y del ambiente con el desarrollo económico y productivo.
En esta segunda presentación de casos centró la atención en el derecho al territorio como requisito para el ejercicio de otros derechos. Identificando el mayor problema de la región amazónica en la expansión de las industrias extractivas y el nuevo modelo económico, frente al cual los Estados han direccionado sus normativas y políticas públicas. “Una explotación irracional que va dejando una estela de dilapidación, e incluso de muerte, por toda nuestra región”, como refiere el documento de Aparecida.
– Situación del derecho al territorio de los Pueblos Indígenas
De acuerdo a los casos relatados por los pueblos Awajun Wampis de Perú, Tundayme de Ecuador y Jaminawa Arará de Brasil, la situación del derecho al territorio de los pueblos indígenas en la Panamazonía, gira en torno a una problemática constante sobre la falta de regularización de tierras y el reconocimiento de su propiedad colectiva y aplicación de la consulta previa.
Los intereses estatales por la explotación de recursos naturales y la implementación de megaproyectos han limitado los deberes de responsabilidad y garantía de muchos Estados, negando la participación de pueblos indígenas para la decisión y consulta de actividades de gran impacto en sus territorios.
De acuerdo al informe presentado a la CIDH por Mauricio López, secretario ejecutivo de REPAM, el Derecho al territorio no se limita a la adjudicación de tierras, este derecho parte de la cultura que un pueblo o comunidad identifica en su espacio donde se desarrolla sus actividades cotidianas. Así como el territorio señala una relación con el hábitat, también se extiende a una interpretación de la productividad humana ya sean para obtener recursos naturales o crear nuevas formas de producción.
La REPAM exige a los Estados amazónicos respeten el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Caso Lote 116 (Perú) 33, relatada por el representante del pueblo Awajun. Que los Estados garanticen la demarcación de las tierras de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas. Caso pueblo Jaminawa Arará (Brasil) y pueblos Tagaeri y Taromenani (Ecuador).
En relación con los desalojos colectivos y despojos ocurridos en Ecuador, en la Provincia de Zamora Chinchipe, parroquia Tundayme, al sur del país, lugar en el coexisten campesinos y grupos de pueblos indígenas Shuar, ha denunciado el impacto de la empresa Ecuacorrientes (ECSA) que está implementando el megaproyecto minero llamado Mirador de cobre y oro. A estos procesos de desalojo se suma la actual interposición de demandas de servidumbre por parte de la empresa ECSA, así como también juicios de reivindicación de tierra para lograr el desplazamiento total de la población en la zona de influencia del proyecto minero.
En base a este panorama sobre la realidad de la amazonía, la REPAM se ha propuesto reclamar y trabajar por una agenda renovada para la defensa de los territorios y los derechos de los pueblos indígenas y campesinos de la región donde ellos tengan las herramientas propias para documentar sus casos y presentarse ante las instancias pertinentes con el acompañamiento pertinente de la Red.
Consecuente con esta propuesta, la red católica, solicita espacios de participación e información para la construcción de una estrategia regional que permita identificar a los países que comparten la amazonia en un solo cuerpo con características únicas, así como fuertes problemáticas que necesitan también visibilizarse en conjunto y entretejer esfuerzos.
Finalmente la Red Eclesial Panamazónica, constatando que existe una preocupación sobre el marco normativo para la protección de los derechos de los y las campesinas afirma que urge un tratamiento específico para levantar estándares que vinculen su derecho colectivo al territorio reflejado en el ejercicio de su derecho a la vivienda adecuada y de otros derechos fundamentales como el de identidad cultural.
Publicación original en: revistaecclesia.com
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