Por: César A. Ipenza / Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)
A muchos nos quedó claro que la emisión de los decretos legislativos
vinculados a la minería ilegal ha sido un paso importante en la lucha
contra esta actividad. Incluso, creemos que estas normas son una
herramienta fundamental para contribuir en los procesos de
formalización. Sin embargo, desde el pasado 23 de abril, fecha en que se
emitió el último de los nueve decretos, es evidente que ha costado
mucho trabajo implementarlos y que, en la práctica y pese a las buenas
intenciones, aún estamos lejos de concretar un avance significativo.
Hay que resaltar que las actividades mineras que se realizan sin
cumplir con los requisitos de ley, en zonas que han sido expresamente
restringidas para esa actividad o sobre predios de terceros sin su
autorización, generan graves impactos ambientales, sociales y
económicos, que afectan en especial a los ciudadanos que viven en los
lugares donde estas se desarrollan, pero también al resto de peruanos.
Por ello, el gobierno no debe (y la ciudadanía no debe permitírselo)
dar marcha atrás en este importante esfuerzo por poner freno a la
ilegalidad.
Para lograr revertir la situación actual se necesita, por un lado, el
compromiso de las personas que participan en estas actividades y, por
otro, que el gobierno actúe de forma decidida para lograr los fines que
se propuso con la emisión de dichos decretos. Es necesario, además, que
se agilicen las acciones que están a su cargo, para que el proceso de
formalización pueda avanzar. Entre las tareas pendientes, por parte del
gobierno central, se encuentran:
- La aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo
(IGAC), al que deberán adecuarse aquellos mineros que han iniciado el
proceso de formalización. El plazo dado por el artículo 9º del Decreto
Legislativo 1105 era de 30 días calendario contados desde la publicación
de dicha norma, es decir venció hace casi 3 meses.
- La implementación de las ventanillas únicas en las regiones,
conformadas por el Ministerio de Energía y Minas, el Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el Ministerio de Cultura y
los gobiernos regionales, con la finalidad de agilizar los trámites de
formalización.
- La asignación de recursos adicionales y urgentes a los gobiernos
regionales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de
concretar las responsabilidades –aprobación de instrumentos y
fiscalización- de la pequeña minería y minería artesanal.
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