Reporte de Trata de Personas | Perú

Como se informó en los últimos cinco años, Perú es un país de origen, destino y tránsito de trata de personas en hombres, mujeres y niños sometidos a la explotación laboral y sexual. Las más vulnerables de la trata de personas son las indígenas. 

Las mujeres y niñas peruanas, y en menor medida los niños, son explotadas con fines sexuales dentro del mismo país, a menudo reclutadas a través de falsas ofertas de empleo. Las mujeres y los niños peruanos explotados sexualmente en otros países van particularmente a América del Sur, y las mujeres y las niñas de los países vecinos son objeto de trata sexual en Perú. Los peruanos LGBTI, especialmente las mujeres transgénero, son las más vulnerables de la trata sexual. 

Las comunidades ubicadas cerca de operaciones mineras a menudo están aisladas y carecen de una presencia gubernamental permanente, lo que aumenta la probabilidad de actividades ilícitas, incluidas la explotación laboral y sexual. 
La alta demanda de sexo comercial en estos pueblos aumenta los incentivos para que los tratantes traigan mujeres y niñas de diversas regiones de Perú. Las mujeres y niñas explotadas sexualmente, cerca de las comunidades mineras, a menudo están endeudadas debido al costo del transporte y no pueden salir debido a la lejanía de los campamentos. 

Turistas de Estados Unidos y Europa compran sexo de víctimas infantiles en áreas como Cuzco, Lima y la Amazonía peruana. En la región de Loreto, los grupos criminales facilitan el transporte de turistas extranjeros en bote a lugares remotos donde mujeres y niñas son explotadas sexualmente en lugares por el río Amazonas.

Hombres, mujeres y niños peruanos son explotados en trabajos forzados en el país, principalmente en la minería de oro ilegal y legal y servicios relacionados como la tala, agricultura, fabricación de ladrillos, fábricas no registradas, operaciones de falsificación, mendicidad en las calles y servicio doméstico. 

Los peruanos que trabajan en minas de oro artesanales y campamentos provisionales cercanos que prestan servicios a los mineros están sujetos a trabajo forzoso, incluso mediante reclutamiento engañoso, servidumbre por deudas, libertad de movimiento restringida, retención o falta de pago de salarios, y amenazas y uso de violencia física. 

El trabajo infantil forzado ocurre en la mendicidad, venta ambulante, servicio doméstico, producción y transporte de cocaína y otras actividades delictivas. 

El número de migrantes venezolanos, muchos de los cuales son vulnerables a la explotación, ha aumentado significativamente cada año desde 2016. Los migrantes de otras partes de América del Sur, China y Senegal que transitan de Perú a Brasil fueron, según se informa, vulnerables a la trata con fines sexuales y laborales, al igual que los migrantes, a lo largo de la frontera sur del Perú con Chile.

El gobierno del Perú no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. El gobierno demostró esfuerzos crecientes al investigar y condenar a más tratantes; aumentaron el financiamiento para los esfuerzos de aplicación de la ley e implementaron un Nuevo Plan Nacional de acción contra la trata. Sin embargo, el gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave. La mala coordinación interinstitucional siguió obstaculizando la identificación y asistencia de las víctimas. Muchos Ministerios informaron que no tenían fondos suficientes para cumplir con sus mandatos contra la trata. La complicidad de algunos funcionarios del gobierno socavó los esfuerzos para combatir la trata, pero el gobierno solo informó una investigación en curso de un funcionario cómplice en 2017.

La policía informó haber realizado 865 operaciones contra la trata de personas en 2017 (764 en 2016), lo que resultó en el arresto de 410 sospechosos de trata (427 en 2016). La unidad de lucha contra la trata del Ministerio Público informó haber participado en 122 operaciones contra la trata e investigado 228 casos de presuntos tratantes. El gobierno no informó datos completos sobre el número total de juicios iniciados, condenas obtenidas o información de sentencia por delitos de trata en 2017. Sin embargo, el Ministerio Público informó que los procesos relacionados con la Trata resultaron en 50 decisiones judiciales en 2017, en comparación con 18 en 2016. El presupuesto general contra la trata de personas de la MOI aumentó a 7.5 millones de soles ($ 2.3 millones) en 2017, de aproximadamente 826,000 soles ($ 255,250) en 2016, la mayoría de los cuales se gastó en contratación, operaciones, capacitación y equipo de la policía. Sin embargo, la mala comunicación y coordinación entre la policía y los fiscales a veces comprometió los esfuerzos para identificar y ayudar a las víctimas e investigar casos, especialmente durante las operaciones de aplicación de la ley.

El gobierno mantuvo débiles esfuerzos de protección de la víctima. La mayoría de las víctimas continuaron sin acceso a servicios especializados. La ley contra la trata de personas (ley 28950) requería que el gobierno ayudará y protegiera a las víctimas proporcionando alojamiento temporal, transporte, atención médica y psicológica, asistencia legal y asistencia para la reintegración, aunque el gobierno no cumplió con este mandato. La ley peruana contra la trata de personas y las regulaciones de implementación asignaron la responsabilidad a varios Ministerios, así como a los gobiernos regionales y locales, para identificar a las presuntas víctimas entre las poblaciones de alto riesgo a las que servían y remitirlas a las autoridades apropiadas, pero la capacidad del gobierno y el entendimiento de algunos funcionarios locales sobre la trata fue limitada y dificultó la identificación y asistencia de las víctimas. Se intentó abordar estas brechas de capacidad brindando capacitación a los funcionarios, la policía y los proveedores de servicios sobre los protocolos de atención y protección a las víctimas. La policía informó haber identificado 1,229 presuntas víctimas en 2017, en comparación con 1,134 identificadas en 2016, aunque este número no pudo ser verificado. De estos, 1.155 eran mujeres y 74 hombres; 302 del total fueron niños.

El Ministerio de Mujeres y Poblaciones Vulnerables (MIMP, por sus siglas en inglés) fue responsable de coordinar y brindar servicios a las víctimas en asociación con los gobiernos regionales, aunque la confusión sobre si el gobierno nacional o regional fue en última instancia responsable de la prestación de servicios en ocasiones dificultó la asistencia a las víctimas. El programa del Ministerio Público para víctimas y testigos ayudó a 521 víctimas de la trata en 2017, en comparación con 437 víctimas de la trata en 2016. El gobierno operó dos albergues, en Lima y Masuco, exclusivamente para víctimas de la trata, con una capacidad total de 28 camas. Si bien el gobierno operaba 48 centros residenciales para niños y adolescentes, el personal de estos albergues carecía de la experiencia y los recursos para brindar servicios de protección adecuados a las víctimas de la trata. Muchas organizaciones de la sociedad civil operaron refugios o brindaron otros servicios para las víctimas sin el apoyo del gobierno, aunque pocas ofrecieron servicios específicos para la trata.

El gobierno dedicó 11 millones de soles ($ 3.4 millones) a sus actividades contra la trata en 2017, un aumento de 5.6 millones de soles ($ 1.7 millones) en 2016. Sin embargo, aunque varios ministerios clave, tuvieron fondos específicamente para la lucha contra la trata, actividades de trata, la mayoría de las agencias gubernamentales no tenían presupuestos dedicados a la lucha contra la trata. Los funcionarios notaron que la falta de financiamiento afectó significativamente la capacidad de los ministerios para cumplir con sus deberes como se describe en el plan de acción nacional, especialmente los esfuerzos de protección de víctimas. El gobierno tenía una comisión separada, un protocolo interministerial y un plan para combatir el trabajo forzoso y el trabajo infantil, que incluía una mayor supervisión de las agencias de empleo y mecanismos de respuesta reforzados ante el presunto trabajo forzoso o infantil.

Este Reporte proviene del Reporte 2018 de la Trata de Personas, traducidas del ingles a español. 

Reporte de Trata de Personas | México

México es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas de hombres, mujeres y niños sujetos a trata con fines sexuales y trabajo forzado. Los grupos considerados más vulnerables a la trata de personas en México incluyen mujeres, niños, personas indígenas, personas con discapacidades físicas y mentales, inmigrantes y personas LGBTI. Las mujeres y los niños mexicanos, y en menor medida los hombres y las personas transgénero, son explotados sexualmente en México y Estados Unidos. Hombres, mujeres y niños mexicanos son explotados en trabajos forzados en la agricultura, servidumbre doméstica, cuidado infantil, manufactura, minería, procesamiento de alimentos, construcción, turismo, mendicidad forzada y venta ambulante en México y Estados Unidos.

Los jornaleros y sus hijos son particularmente vulnerables y son las principales víctimas del trabajo forzado e infantil en el sector agrícola de México; migran de los Estados más pobres a las regiones agrícolas para cosechar verduras, café, azúcar y tabaco; reciben poca o ninguna paga, atención médica o tiempo libre, y en el caso de los niños, se les niega la educación. La gran mayoría de las víctimas extranjeras del trabajo forzoso y la trata con fines sexuales en México son de América Central y del Sur; algunas de estas víctimas son explotadas a lo largo de la frontera sur de México. Las ONG y los medios informan que las víctimas del Caribe, América del Sur, Europa del Este, Asia y África también han sido identificadas en México, algunas de ellas en ruta a los Estados Unidos. Los observadores informaron un aumento en los migrantes venezolanos vulnerables a la trata en los últimos dos años.

El gobierno de México no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata; Sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. El gobierno demostró esfuerzos crecientes al procesar a más trantes que en el año anterior; identificar y brindar apoyo a las víctimas de trata sometidas a trabajo forzoso en México y en el extranjero; y el lanzamiento de una nueva campaña nacional de sensibilización. La corrupción y la complicidad siguieron siendo preocupaciones importantes, inhibiendo las acciones de aplicación de la ley.

Las autoridades iniciaron 127 investigaciones federales y 298 estatales en 2017, en comparación con 188 investigaciones federales y 288 estatales en 2016 y 250 investigaciones federales y 415 estatales por tráfico en 2015. Las autoridades iniciaron acciones judiciales contra 609 personas en casos federales y estatales en 2017, en comparación con 479 en 2016 y 578 en 2015. Las autoridades declararon culpables a 95 traficantes involucrados en 40 casos federales y estatales, en comparación con 228 traficantes involucrados en 127 casos federales y estatales en 2016 y 86 traficantes involucrados en 36 casos federales y estatales en 2015. 
El gobierno reportó condenas que van de dos años a 99 años de prisión. Las autoridades mexicanas mantuvieron la cooperación policial con los Estados Unidos, asociándose en tres operaciones conjuntas de aplicación de la ley, que dieron como resultado la detención de al menos 14 presuntos tratantes. El gobierno proporcionó capacitación contra la trata de personas a la policía federal, a los fiscales federales, a los funcionarios de inmigración, a los profesionales médicos, a los trabajadores federales de protección de niños y familias, a los funcionarios federales de turismo y a los funcionarios del gobierno estatal.

El gobierno mantuvo los esfuerzos de protección, pero identificó menos víctimas por segundo año consecutivo. El gobierno informó que identificó 667 víctimas de trata en 2017—429 para trata sexual, 103 para trabajos forzados o servicios, ocho para mendicidad forzosa, ocho para criminalidad forzada, cuatro para otros propósitos y 115 no especificadas — en comparación con 740 víctimas en 2016 y 1,814 en 2015. De las 667 víctimas de la trata identificadas, aproximadamente el 15 por ciento eran hombres, el 66 por ciento eran mujeres y el 19 por ciento no tenían su género especificado. El gobierno federal identificó 140 víctimas, en comparación con 194 en 2016 y 876 en 2015. Los gobiernos estatales identificaron 527 víctimas, en comparación con 691 en 2016 y 938 en 2015. El Ministerio de Relaciones Exteriores identificó y brindó apoyo a 196 víctimas mexicanas de trabajo forzado en el extranjero, incluidos 180 en los Estados Unidos y 16 en otros países, en comparación con 20 en 2016.

Si bien los servicios para las víctimas varían, en general, las agencias federales y estatales ofrecieron servicios de emergencia para las víctimas, como atención médica, alimentos y vivienda en hogares temporales o de transición; y servicios para víctimas a largo plazo, como servicios médicos, psicológicos y legales. La Oficina del Fiscal Especial para la Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA) continuó operando un refugio de alta seguridad en la Ciudad de México y brindó refugio a 52 víctimas de la trata. Una ONG en el estado de Puebla continuó operando el único albergue público-privado del país. El Estado de México abrió tres refugios específicos para la trata en 2016; y la Ciudad de México abrió un albergue específico para la trata de personas, que brindó servicios médicos, legales, psicológicos y sociales a las víctimas durante los casos pendientes. Además de estos refugios, hay dos Centros de Justicia para Mujeres financiados con fondos públicos en los estados de Hidalgo y Guanajuato que trabajan conjuntamente con los Fiscales de Distrito Especializados del Estado para la Trata de Personas para proporcionar un refugio temporal para las víctimas de la trata.

El gobierno incrementó los esfuerzos de prevención. La comisión intersecretarial de lucha contra la trata coordinó con más de 30 agencias e institutos gubernamentales; establecieron acuerdos de cooperación con gobiernos estatales y locales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que coordinó los comités regionales para abordar los problemas de derechos humanos, incluida la trata de personas; y supervisó la implementación del plan nacional de acción contra la trata de personas para 2014-2018 y publicó un informe de sus esfuerzos contra la trata de personas para 2017. Veintiocho de los 31 estados tenían comités estatales contra la trata de personas. La comisión nacional contra la trata de personas organizó una reunión nacional de los secretarios técnicos con representación de 29 estados. El gobierno proporcionó programas de capacitación y sensibilización contra la trata de personas a nivel nacional para funcionarios gubernamentales, incluidos los profesionales de la salud y el público en general, que llegaron a más del 11 por ciento de la población.

Con el apoyo del gobierno de EE. UU., el gobierno federal lanzó una campaña nacional de sensibilización llamada Blue Heart Campaign 2.0 en julio de 2017, que incluye mensajes dirigidos a migrantes repatriados, comunidades indígenas, personas con discapacidad, mujeres, niños y jóvenes. El gobierno operó varias líneas directas para informar emergencias, delitos en general, para víctimas de delitos, delitos contra mujeres y delitos de trata, y promovió la notificación de consejos sobre la trata a una línea directa nacional de lucha contra la trata dirigida por una ONG. La línea directa dirigida por una ONG recibió 981 llamadas en 2017, lo que resultó en la identificación de 103 llamadas con indicadores de tráfico y 22 investigaciones.

Este Reporte proviene del Reporte 2018 de la Trata de Personas, traducidas de ingles a español. 

Reporte de la Trata de Personas | Estados Unidos

Estados Unidos es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas tanto de hombres, mujeres, personas transgénero y niños, tanto ciudadanos estadounidenses como extranjeros, sujetos a tráfico sexual y trabajo forzado. La trata se produce tanto en las industrias legales como en las ilícitas, incluyendo el sexo comercial, turístico, personal de ventas ambulante, agricultura, servicios de limpieza, construcción, restaurantes, cuidado de personas con discapacidades, servicios de salones de belleza, salas de masajes, ferias y carnavales, mendicidad, contrabando y distribución, y cuidado infantil y doméstico. Las personas que ingresaron a los Estados Unidos con y sin estatus legal han sido identificadas como víctimas de trata. Los funcionarios gubernamentales, las empresas y las ONG han continuado expresando su preocupación por el riesgo de la trata de personas en las cadenas de suministro mundiales, incluidos los contratos federales.

Las víctimas provienen de casi todas las regiones del mundo; los tres principales países de origen de las víctimas identificadas por el gobierno federal en el año fiscal 2017 fueron Estados Unidos, México y Honduras. Las poblaciones en los Estados Unidos vulnerables al tráfico de personas incluyen: niños en los sistemas de bienestar infantil y justicia juvenil; jóvenes fugitivos y sin hogar; niños no acompañados; Indios americanos y nativos de Alaska; trabajadores migrantes, incluidos trabajadores indocumentados y participantes en programas de visas para trabajadores temporales; trabajadores domésticos nacionales extranjeros en hogares diplomáticos; personas con dominio limitado del inglés; personas con bajo nivel de alfabetización; personas con discapacidades; Individuos LGBTI; y participantes en programas de desviación de uso de sustancias ordenados por el tribunal. Las ONG observaron un aumento en el uso de la tecnología para reclutar y anunciar a las víctimas de la trata de personas.

El gobierno continuó demostrando serios y continuos esfuerzos investigando y procesando el tráfico sexual y laboral, y aumentando el número de procesamientos y condenas; prestación de servicios a un mayor número de víctimas de trata; proporcionar diversos tipos de ayuda a la inmigración para las víctimas nacionales extranjeras; el compromiso continuo con sobrevivientes para mejorar los programas y políticas sobre la trata de personas; mejorar las iniciativas de divulgación a través del desarrollo de materiales para los estados y territorios; y la financiación continua para una línea directa nacional operada por una ONG y un servicio de referencia que agregó texto y capacidades de chat en línea para mejorar la accesibilidad. 
Aunque el gobierno cumple con los estándares mínimos, los defensores de la lucha contra la trata de personas continuaron informando que los servicios a las víctimas no siempre se prestaban de manera equitativa, lo que requería un aumento de los recursos y un acceso equitativo a los servicios integrales en todo el país. Los defensores informaron sobre la falta de un esfuerzo sostenido para abordar la trata laboral en comparación con la trata sexual, y también reportaron casos continuos de funcionarios estatales y locales que detuvieron o procesaron a víctimas de trata por actividades delictivas relacionadas con su victimización por trata.

En el año fiscal 2017, el DHS reportó la apertura de 833 investigaciones posiblemente relacionadas con la trata de personas, una disminución de 1,029 en el año fiscal 2016. El Departamento de Justicia abrió formalmente 782 investigaciones de trata de personas, una disminución de 843 en el año fiscal 2016. (El número de año fiscal 2016 (843) representa una corrección a el número citado el año pasado (1,800), que de hecho representó el número de casos pendientes en lugar de investigaciones formales abiertas).
DOS informó haber abierto 169 casos relacionados con la trata de personas en todo el mundo durante el año fiscal 2017, una disminución de 288 en el año fiscal 2016. El Departamento de Defensa (DoD) informó haber investigado 11 casos relacionados con la trata de personas con personal militar de EE. UU. en comparación con 13 en el año fiscal 2016. El Departamento de Justicia inició un total de 282 procesos federales de trata de personas en el año fiscal 2017, un aumento de 241 en el año fiscal 2016, y acusó a 553 acusados ​​en comparación con 531 en el año fiscal 2016. De estos enjuiciamientos, 266 involucraron predominantemente trata sexual y 16 predominantemente trata laboral, aunque algunos involucraron a ambos. El DOJ y el DHS continuaron asociándose con las contrapartes de las fuerzas del orden público mexicanas para desmantelar las redes de trata de personas que operan en la frontera de EE. UU. y México. A través de esta colaboración, el DOJ obtuvo condenas contra ocho miembros de una empresa transnacional de trata sexual delictiva organizada. Durante el año fiscal 2017, el DOJ obtuvo condenas contra 499 traficantes, un aumento de 439 condenas en el año fiscal 2016. De estas, 471 involucraron principalmente la trata sexual y 28 involucraron principalmente el tráfico laboral, aunque varios involucraron a ambos.

El gobierno de los Estados Unidos mantuvo los esfuerzos de protección y continuó financiando la asistencia a las víctimas para las víctimas de la trata. El nivel de financiamiento disminuyó ligeramente con respecto al año anterior, aunque el número de víctimas atendidas aumentó significativamente. El gobierno tenía procedimientos formales para guiar a los funcionarios en la identificación de víctimas y la derivación a proveedores de servicios; financió varias líneas de punta federales, incluida una línea directa nacional operada por una ONG y un servicio de referencia; y financió grupos de trabajo y ONG que brindaron servicios para víctimas específicas de la trata. Asistencia integral para víctimas financiada por el gobierno federal incluye administración de casos y referencias para atención médica y dental, tratamiento de trastornos de salud mental y abuso de sustancias, sustento y refugio, servicios de traducción e interpretación, asistencia legal y de inmigración, empleo y capacitación, asistencia de transporte y otros. servicios.

El gobierno de los EE. UU. continuó brindando capacitación a los funcionarios federales, estatales, locales y tribales, así como a los proveedores de servicios de las ONG y a los proveedores de servicios humanos y de salud para alentar una aplicación más consistente de enfoques centrados en la víctima y basados ​​en el trauma en todas las fases de la identificación de la víctima, asistencia, recuperación y participación en el proceso de justicia penal. Los defensores solicitaron capacitación especializada para los agentes de la ley y los proveedores de servicios sobre el vínculo entre el uso de sustancias y la trata de personas, incluido el uso de drogas para obligar a las víctimas. El DOJ incluyó capacitación sobre el vínculo entre la manipulación de la adicción a las drogas y la coerción en sus capacitaciones sobre la trata de personas que se brindaron a los funcionarios federales, estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley.

El gobierno de los Estados Unidos mantuvo los esfuerzos para prevenir la trata de personas. Las agencias federales realizaron numerosas actividades educativas y de capacitación para su propio personal, incluidos los profesionales de la aplicación de la ley y las adquisiciones, y el personal de las oficinas exteriores. 
El gobierno continuó con las medidas de divulgación pública sobre las causas y consecuencias de la trata de personas y continuó los esfuerzos para aumentar la identificación de las víctimas entre las poblaciones y los sectores vulnerables y mejorar los esfuerzos de prevención. HHS continuó financiando una ONG para operar la línea directa nacional de tráfico de personas, y agregó capacidades de texto y chat en línea para mejorar la accesibilidad. En el año fiscal 2017, la línea directa recibió 62,835 llamadas de los Estados Unidos y los territorios de los EE. UU., Identificó 8,759 casos de trata de personas y brindó recursos y referencias a 10,615 víctimas. La línea directa también recibió información sobre 4,863 potenciales tratantes y 1,698 empresas que facilitan la trata de personas. Más de 2,000 personas que se identificaron como víctimas de la trata llamaron directamente a la línea telefónica de ayuda. En 2017, el DHS continuó con su Campaña Azul de sensibilización sobre la trata de personas en todo el país y, con aportes de los sobrevivientes de la trata y otros socios, desarrolló nuevos productos, incluido un nuevo anuncio de servicio público centrado en la trata de personas.

Este Reporte proviene del Reporte 2018 de la Trata de Personas, traducidas de ingles a español.