Respeto por los derechos humanos. Ernesto de la Jara, analista político, resume el segundo gobierno aprista: “este Gobierno [el de A. García], junto con el fujimorismo, intentó frenar la acción de los organismos de derechos humanos: casi hace prosperar una nueva ley de amnistía; inicialmente rechazaron la donación para un Museo de la Memoria; no se contribuyó con información para la judicialización de los derechos humanos; se ha vuelto a fortalecer la justicia militar; las reparaciones económicas son irrisorias; ningún avance sobre derechos para la mujer, etcétera”.
Hoy la mirada es diferente. El Premier en su exposición al Congreso señaló que impulsarán “el Plan Integral de Reparaciones, restituyendo su carácter total, orientada a víctimas individuales y colectivas, que aborde las dimensiones jurídicas legales, salud, educación y la reparación simbólica.”
Sin embargo, propuestas como las del Ministro de Defensa, Daniel Mora, quien felizmente se ha visto obligado a retroceder rápidamente en su infeliz iniciativa de que se dé una ley de “Punto Final” (como se hizo en Argentina) para poner fin a los juicios que afrontan los que violaron los derechos humanos durante el conflicto armado interno.
En este contexto volvemos a reiterar, como lo hicimos hace algunos meses, que es urgente impulsar una amnistía a tanto dirigente social encausado por su participación en los conflictos sociales. Sólo por lo de Bagua, según Patricia Wiesse y Gerardo Saravia, hay más de ochenta líderes indígenas awajun que, debido a ello, “están desde hace dos años: confinados en sus comunidades, muchos no pueden trabajar y viven de la solidaridad de sus familiares”.
Para el especialista politico, Javier Torres, es importante que "la sociedad civil participe activamente en el proceso que se está iniciando, pero manteniendo su autonomía”. Tomado de Coyuntura Septiembre - Bartolomé de Las Casas.
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